El pasado jueves, día 23 se convocó el Comité de Huelga del Ayuntamiento de Leganés, con el objeto de negociar los servicios mínimos en nuestro ámbito. Una vez más y siguiendo el ejemplo de lo ocurrido el 8 de junio en la huelga del sector público, la delegación de Recursos Humanos presentó una propuesta abusiva de servicios mínimos, que los sindicatos (CCOO y UGT) no podíamos aceptar.
En ningún caso es admisible que se quiera decretar a todos los conserjes de los colegios públicos, cuando es más que previsible que los directores de los colegios sean decretados por la Comunidad de Madrid, que es quien tiene la responsabilidad en el ámbito de la educación.
De esta manera, no hubo acuerdo de servicios mínimos en nuestro Ayuntamiento, fundamentalmente por la imposición en el tema de los conserjes de colegios públicos, y por la total intransigencia por parte de la delegación de Recursos Humanos a la hora de la consideración real de servicios esenciales a la comunidad.
En esta reunión, la delegación de Recursos Humanos se sumo a la falsa premisa de que ante el derecho a la huelga hay que salvaguardar el derecho a trabajar. Nada tiene que ver una cosa con la otra, es más, en la Constitución no hay recogido un derecho a trabajar frente al derecho a la huelga.
Lo que está recogido en el artículo 28.2 es el derecho fundamental de huelga, que sólo contempla asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales a la comunidad y no de cualquier servicio público, entendiendo por servicios esenciales aquellos que cubren derechos o bienes constitucionalmente protegidos y en la medida y con la intensidad que los satisfagan. Igualmente para su valoración debemos considerar el alcance de la convocatoria de Huelga que en este caso es General y la duración de la misma, que al ser solo de un día, no recorta ningún servicio necesario; como máximo supondrá algún retraso en el tiempo.
Otra cosa distinta es el derecho al trabajo (que no tiene nada que ver con el derecho a trabajar en un día huelga), que está recogido igualmente en la Constitución, cuestión por la que este gobierno municipal, el gobierno de la Comunidad de Madrid y fundamentalmente el gobierno del Estado debían preocuparse más y poner todos los medios para que este derecho recogido en el artículo 35 de la Constitución sea una realidad todos y cada uno de los 365 días del año.